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Mal pintan las cosas para Isacio Siguero, para la Organización Médica Colegial (OMC) y para los colegios de médicos en su conjunto, en calidad de máximos representantes de una profesión que atraviesa quizás sus horas más difíciles en los últimos diez años. Pintan mal para el presidente porque, tras el resultado de las últimas votaciones, Siguero se queda prácticamente solo en la Comisión Permanente de la OMC, al tener que llevar a cabo su gestión bajo la atenta mirada de hombres de la vieja guardia como el vicesecretario Francisco Toquero, el tesorero Teodoro Sacristán, y, sobre todo, el secretario general, Juan José Rodríguez Sendín. Pintan mal también para la OMC porque la corporación de derecho público no parece capaz de abandonar el enfrentamiento de todos contra todos en el que se halla sumida desde hace más de dos años. Aparte de las luchas intestinas que seguirán produciéndose en su cúpula al albur del último resultado electoral, las refriegas serán cada vez más encarnizadas en el seno de la institución, como apuntan los hechos de los últimos meses y el debate encarnizado en torno a los nuevos estatutos. Los presidentes del PP no aguantan a Sendín y a otros seguidores de Guillermo Sierra, que permanece en la sombra. Miguel Carrero, de Pontevedra y máximo responsable de Previsión Sanitaria, tampoco. Los del PSOE, maniobran para restar peso a los del PP. Y todos ellos suman sus esfuerzos para mover a Siguero y a los presidentes que van por libre hacia sus posiciones, en un intento de controlar la organización.

Y pintan mal las cosas para los médicos de a pie que día a día ejercen su trabajo al margen de quién les representa. Mientras la OMC se debate en un bellum omnium contra omnes al más puro estilo de Thomas Hobbes, se suceden los ataques contra la profesión por parte de varias administraciones y alguna organización profesional trata de aprovechar el vacío de poder para expandirse en progresión geométrica. La Generalitat catalana, que a pesar de la huelga no escarmienta, se ha dedicado las últimas semanas a investigar las incompatibilidades de 400 facultativos que trabajan en Atención Primaria y ha llegado a la conclusión de que unos 30 de ellos tienen dos empleos en la pública, algo que a Raimon Belenes, director del Instituto Catalán de la Salud (ICS), le parece "ilegal", pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendiera cautelarmente el decreto que obligaba a estos profesionales a trabajar a jornada completa. Belenes, que nada dice de los salarios de miseria que perciben dichos médicos, ni de la presión asistencial a la que se enfrentan los investigados, vuelve a cometer un nuevo despropósito sin que se vea a ninguna organización médica fuerte capaz de pararle los pies, más allá de Médicos de Cataluña y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Carlos Amaya. Lástima que la OMC se encuentre tan debilitada.

Quizás sea el vacío colegial de poder el que anime estos días a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) a extender sus tentáculos en diferentes organizaciones médicas creadas para fines diversos. Hace semanas, Semfyc sorprendía a propios y extraños al salir en defensa, muy en línea con las tesis del Ministerio de Sanidad, de la autodenominada Plataforma 10 Minutos, acusada por Semergen y otras organizaciones profesionales de actuar de manera politizada y a favor de unos intereses concretos. Llama también ahora la atención su introducción en la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme) —una entidad que pide para sí poder de interlocución ante las autoridades sanitarias—, a través de su presidente, José María Lobos, y su defensa de las tesis de Máximo González Jurado en lo que a la prescripción enfermera se refiere. La expansión de Semfyc es inversamente proporcional al debilitamiento de la OMC. Los tiempos cambian en la medicina, y el peso de las organizaciones también. Los planes de un partido se están cumpliendo. De momento, sólo se los desbarata la CESM.